Una de las consecuencias de las elecciones del pasado 10 de noviembre ha sido la aprobación en un tiempo récord del decretazo digital.
Con este decreto ley, los grandes partidos pretenden mostrar una imagen de control sobre el conflicto catalán, que ha utilizado diferentes aplicaciones de manera masiva.
Se amplían así los supuestos en los que el gobierno puede intervenir redes y cortar las comunicaciones sin la intervención de un juez.
El supuesto añadido es el de amenaza inmediata y grave para el orden público.
Es muy triste, que un gobierno que había prometido cambiar la anterior Ley Mordaza, e incluso derogarla, la acabe ampliando de manera chapucera.
La Ley Mordaza ya fue redactada de manera chapucera y ahora este decreto ley (que hay que recordar es la manera de aprobar leyes cuando no se tiene mayoría parlamentaria) no hace más que restringir aún las libertades de los ciudadanos.
Para suavizar el decreto, como siempre, se han añadido otras motivaciones, en este caso la obligatoriedad de que los datos de las administraciones estén en servidores de la UE.
Según el gobierno del país, con esta nueva ley, España se acerca más a las legislaciones sobre datos de otros países europeos.
Con este decretazo digital también se acerca a las legislaciones sobre control de internet de países como Venezuela, Irán o China.
La única esperanza ahora para parar este decreto es que se presente un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, algo en lo que varias asociaciones ya están trabajando.
La información puede ampliarse en diversos medios digitales [1][2]