Foto de Sandro Schuh en Unsplash
Desde comienzos del mes de febrero, LaLiga y Telefónica (a través de los operadores Movistar, O2 y Digi) están limitando el acceso a determinados recursos de Internet que utilizan los servicios de Cloudflare, rompiendo la neutralidad de la red en España, afectando a usuarios y empresas. Sin lugar a dudas, es un claro aviso a navegantes de como una entidad privada puede ejercer de juez y verdugo, ejecutando (amparándose en sentencias previas) la justicia por su mano.
Entrando un poco en contexto, el enfrentamiento de LaLiga con Cloudflare, Google, las empresas que ofrecen servicios de VPN, etc.. es largo. Muchos servicios de IPTV, la forma más frecuente de piratear la señal de los partidos de fútbol, utilizan este tipo de proveedores presentes a nivel mundial.
Nota: desde que volví a España, hace 9 años, no he vuelto a ver por televisión un partido de fútbol de LaLiga. La situación de mi equipo, el VCF no invita a invertir un solo euro en un sistema y una competición que claramente le perjudica (como a la mayoría de equipos) Si he querido seguir algún partido lo he hecho a través de la radio oficial del club, desde su página web.
Además de las consecuencias legales de aplicar la ley de manera directa, están los daños económicos que hayan podido sufrir clientes de Cloudflare, un conocido proveedor de alojamiento en la nube, además de múltiples servicios relacionados con redes sociales, IA.. sin más, el alojamiento que utiliza la empresa para que trabajo se basa en la plataforma de Cloudflare (afortunadamente accedemos a través de una VPN)
Volviendo al ámbito legal, la sentencia que se aprobó a finales de 2024, alegaba que el bloqueo aleatorio podía ser inmediato si no se causaba daño económico a terceros. Después de un mes, con cortes continuos cada fin de semana, es más que evidente, que el daño ya está hecho.
Hasta ahora, LaLiga gestionaba estás cancelaciones directamente con direcciones URL e IPs (dedicadas) según se informa desde BandaAncha. Al parecer, con la aparición de la última sentencia favorable y en vista que no tenían mucho efecto las medidas tomadas desde 2022, se han venido arriba, bloqueando directamente IPs compartidas donde se alojan varios clientes (debido al volumen de tráfico que maneja Cloudflare)
Cómo curiosidad, los bloqueos han sido bastante aleatorios, el primer fin de semana Movistar solo bloqueaba a sus clientes de fibra, pudiendo acceder a los sitios bloqueados a través de la conexión móvil.
Sin saber todavía como va a acabar el asunto, hay ya varias demandas en marcha, sienta un peligroso precedente, en el que los ISPs españoles están rompiendo la neutralidad de la red de manera aleatoria y sin solicitar antes la autorización judicial. Un derecho que el gobierno de todo país serio, debería hacer prevalecer, ya que se priman intereses particulares por encima del bien común.
Además de las formas con los bloqueos, LaLiga ha empezado una caza de brujas contra todos aquellos medios que han decidido denunciar la situación.
Siendo España como es, y el fútbol un negocio tan importante, dudo mucho que el gobierno se atreva a tomar medidas en el asunto. Aparentemente, Movistar y O2 han decidido hacer pequeños cortes porque los bloqueos de todo el fin de semana acaban afectando su reputación. Desde algunos rincones de Internet ya se están empezando a difundir informaciones para que se detengan los bloqueos de manera legal.
Aunque en la Europa de los lobbys, parece que los derechos de los ciudadanos acaban siendo secundarios, por mucho que nos vendan que todas las regulaciones y leyes se aprueban para defendernos de abusos y mantener nuestras libertades. Teniendo en cuenta que la solución a estos bloqueos por parte de los usuarios, pasa por utilizar una VPN, tampoco se entiende la insistencia de LaLiga en esta solución que no beneficia ni a su negocio, ni a los ISPs ni a los usuarios de la red.
Otro ejemplo más de como los burócratas y legisladores actuales siguen sin conocer el funcionamiento a nivel tecnológico de Internet, siendo un medio presente durante décadas u otra muestra más de sus intereses, más allá de los generales, dejando hacer y deshacer a entidades privadas que actúan de manera poco ética.