Si ayer el mazazo a las libertades en Internet llegaba desde las instituciones europeas, hoy lo hace desde el Congreso de los Diputados de España.

Con los votos a favor de los cuatro partidos con mayor representación: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Esta ley, también conocida como Ley Sinde, se aprobó finalmente en 2.011 (sí, ya no residía en España) y supuso un varapalo a la libertad de expresión en la red.

Ahora, con su reforma, se cierra el círculo y se elimina al órgano jurisdiccional de la ecuación: se podrán cerrar páginas web sin la intervención de un juez.

Un nuevo recorte en las libertades y derechos de los usuarios de la red. Algo que los gobiernos llevan persiguiendo desde su eclosión como fenómeno global a principios de siglo.

La excusa que han encontrado los partidos alternativos para apoyar esta reforma es que se establecen limitaciones a la entidades de gestión de derechos a la hora de cobrar por ellos.

Hay una campaña en España para luchar contra este tipo de leyes y abusos, así como clarificar los conceptos a los ciudadanos y usuarios fomentada por la PDLI.